El desfile del 20 de julio en San Andrés isla.

Con motivo del traslado de los desfiles militares del 20 de julio a San Andrés isla se han escuchado voces críticas que reclaman menos retórica y mayor presencia del Estado. La mayoría de estos críticos usan dos argumentos: falta de inversión social por parte del gobierno central y protección a los derechos de los raizales. Este último argumento gira en torno a la implementación de una discriminación positiva en favor de los raizales y un cierre de las "fronteras" que impida la sobrepoblación a la que esta expuesta la isla.

Estos argumentos son, en esencia, contradictorios. Quieren más autonomía, respeto a sus derechos locales y protección contra los inmigrantes del continente, pero no quieren aumentar su recaudo, para eso esta Bogotá y el gobierno central. En otras palabras, quieren derechos pero no responsabilidades.

Si se estudia el origen de las rentas del departamento de San Andrés es notorio como la participación del recaudo local ha disminuido enormemente a partir de la apertura económica.
De hecho, "en 1987 San Andrés recibía 12.6 veces más impuestos locales que el resto de los departamentos colombianos. Sin embargo ya en el 2000 solo recibía 2.5 veces por encima de los demás" (Meisel) .Esto debido principalmente a la reducción de los turistas que antes viajaban a la isla para beneficiarse de sus características de puerto libre. Esta situación no sólo disminuyó el recaudo de impuestos de origen departamental sino que afectó el empleo y el bienestar económico de la mayoría de la población de la isla.

Ante esta crisis, los raizales y mucha de la fauna política del archipiélago, decidió echarle la culpa a los de siempre: los "extranjeros" y el gobierno.

Para frenar la migración de "extranjeros" (colombianos del continente) ya se venia implementando desde la constitución de 1991 un control de migración (O.C.C.R.E) que permite "garantizar el estándar poblacional sostenible acorde con la extensión territorial y la limitación de los recursos naturales del Departamento Archipiélago". Este conjunto de regulaciones restringe notablemente la posibilidad de establecerse en la isla a los colombianos del continente bajo el argumento de que la isla esta sobrepoblada. Igualmente, estas restricciones van de la mano con "discriminaciones positivas" a favor de los isleños (raizales y antiguos residentes). Por ejemplo, sólo es posible contratar un "extranjero" si no existe un local capacitado para el puesto, o los empleados del sector público, además de tener que ser locales, deben saber hablar inglés (creole).

Esta política esta sustentada en un supuesto sobrepoblamiento de la isla. Sin embargo, existen muchos contraejemplos de islas en las cuales existe un mayor número de habitantes por kilometro cuadrado sin que exista evidencia de daños al medio ambiente o a la economía local. Bermuda o Singapur, por ejemplo, tienen más pobladores por kilometro cuadrado que San Andrés.

Este cerramiento de las fronteras y favores especiales para a los raizales puede generar un sentimiento favorable para este grupo en el corto plazo: Más puestos públicos y menos competencia laboral de "extranjeros" menos capacitados. A la larga, generá ineficiencia, corrupción (basta ver los indicadores de riesgo de corrupción de Transparencia Colombia para San Andrés) y menos inversión "extranjera". Lo cual completa el circulo vicioso: menos recaudo local y más dependencia del gobierno central.

Los raizales sanandresanos en vez de estar quejandose y pidiendo al gobierno central más inversión social, deberían favorecer la llegada de capital "extranjero", tanto físico como humano que les permita aumentar los negocios en la isla y en consecuencia el recaudo fiscal. Con esto tendrán su anelada autonomía y una mayor posibilidad de beneficiar a su pueblo sin necesidad de mendigarle a Bogotá.